Desde el Gobierno explicaron que la decisión se tomó “dado el difícil contexto económico y financiero que atraviesa el país” y teniendo en cuenta “la mayor vulnerabilidad en la que se encuentran las personas incluidas en el Programa”.

En el documento, aclaran que el Programa “no genera relación laboral, ni de empleo entre la Provincia y las personas incorporadas” por lo que no deben generar contraprestación alguna.

Si bien no se conocen cifras oficiales sobre el número actualizado de beneficiarios, se calcula que unas 15.000 personas forman parte del programa.